Diversión, rabia, odio, protesta, marginalidad
“Encapuchados” es una palabra instalada desde los medios conservadores y el poder político, que genera polémicas sobre un fenómeno que algunos prefieren estudiar para encontrar respuestas, mientras otros, como Hinzpeter, optan por el camino de aumentar las penas represivas para ver si terminan con los jóvenes que ocultan sus rostros.
“Sí, más de una vez tapé mi rostro”, reconoce Armando. A sus 21 años y tras un inolvidable paso por Santiago 1, decide, como en la calle, ocultar su identidad para este reportaje. “Lo hice por las represalias que podrían haber tomado en mi contra por hacer lo que yo consideraba legítimamente político. El pensamiento único del establishment no entiende ni acepta otra forma de manifestarse fuera de lo que ha normado como correcto y quien rompa con esto recibirá todo el peso de la ley”, asegura.
Sus palabras evidencian la certeza de quien lo ha vivido en carne propia. En su experiencia, como en la de tantos otros, en medio de un largo historial de montajes y persecución a quienes deciden luchar a rostro cubierto, se acumulan también ideas. A estas alturas, pese al discurso único legitimado por el poder y la mayoría de los medios que lo hacen aparecer como un fenómeno inexplicable, hay quienes se interesan en analizarlo y otorgar respuestas.
Es el caso de Igor Goicovic Donoso, historiador, académico de la Universidad de Santiago de Chile y experto en violencia social. “El principal elemento en común es la rabia”, dice. “Están molestos con el modelo económico que los explota a ellos o a sus padres; con la estructura inequitativa de la sociedad que condena a una parte importante de la población a la miseria o al endeudamiento crónico; están molestos con la represión policial, que golpea cotidianamente sus poblaciones; están molestos con el imaginario simbólico que recrea un mundo de fantasía que sólo se encuentra disponible para unos pocos privilegiados”.
Su explicación abre las puertas a la comprensión de un mundo donde la identidad parece ser el motivo en disputa y, a su vez, lo que menos importa.
LAS IDEAS O EL VACÍO TRAS LA VIOLENCIA
Confundidos ante la masa protestante y calificados por diversos sectores como el “lumpen” de las manifestaciones, es difícil indagar en el origen de los grupos que se abocan a las calles con fines o medios violentos. Más aún, resulta complejo examinar las ideas que esconden las capuchas sin reflexionar antes sobre su diversidad.
“Es muy amplio el espectro. Hay quienes lo hacen por diversión y rabia de ‘darle la cara a la yuta’. Otros, por tener motivos parecidos a los míos, otros por odio, y otros por sentirse ajenos a este mundo. En definitiva, la capucha nace de un aprendizaje histórico frente a la dictadura por las persecuciones que se le dieron –y que se le dan- a los luchadores sociales y, por otra parte, por el simple hecho de poder resguardarse del gran aparataje tecnológico-represivo del poder”, reflexiona Armando.
Pero en opinión de Goicovic, no existe una significativa centralidad ideológica en los encapuchados. “Tampoco se puede negar la existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estos no poseen un control efectivo sobre dicho enfrentamiento”, sostiene. Para el historiador, la mayor parte de las acciones violentas que se han observado “carecen de conducción política y de orientación ideológica”.
A esa percepción se suma la de Adriana de la Garza, socióloga experta en movimientos sociales y violencia política, quien sostiene que “no existe información suficiente para afirmar que existe un movimiento ideológico detrás de los encapuchados. La mejor caracterización de sus motivos es de tipo emocional. Los movimientos son en sí mismos un escenario en los que las emociones pueden ser creadas o reforzadas”.
A estas alturas, la historia ya puede reconocer en la capucha una forma de lucha de diversos movimientos a lo largo y ancho del mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su anónimo vocero, el Subcomandante Marcos, es uno de los ejemplos más cercanos a la realidad latinoamericana de lucha a rostro cubierto. “Y miren lo que son las cosas porque, para que nos vieran, nos tapamos el rostro”, enunció el Subcomandante. Su frase comenzaría a llenar espacios virtuales y callejeros, otorgando una explicación que hoy los medios y la sociedad omiten.
Para Francisco, estudiante universitario que se ha manifestado de forma violenta en las calles –al igual que Armando prefiere omitir su verdadera identidad-, no es difícil explicar las razones que lo impulsan a ocultar su rostro y a luchar de forma radical.
“Por más que hayamos vuelto a la democracia, sigue pasando que 120 huevones deciden el futuro de más de 17 millones de personas. A quienes pregonamos que este sistema no está bien y que se pueden hacer cosas en su contra nos llaman delincuentes, aun antes de robar o destruir. Piensa que hasta el día de hoy los frentistas (miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez – FPMR) son considerados terroristas por el Estado”, puntualiza.
Francisco asegura que hay cosas que le gustaría evitar. “Por mí, en vez de pelear todos los jueves con los pacos, me agarraría frente a frente con Piñera, su hermano José, con Hinzpeter o Lily Pérez. O bien, volaría el Congreso”, enfatiza.
LA DESTRUCCIÓN DE “LO PÚBLICO” Y LO PRIVADO
Uno de los puntos más comunes de la discusión sobre “los encapuchados” suele ubicarse en la destrucción. En particular, en la ira que provoca en autoridades y ciudadanos el daño de material público y los cuantiosos balances que se realizan protesta tras protesta respecto a las pérdidas económicas causadas por los jóvenes a rostro cubierto.
Para muchos, es difícil justificar o entender que los grupos violentos decidan destruir material que –según los consensos- fue hecho por todos y para todos. “Hay que tener presente que, por ejemplo, un semáforo en el centro de la ciudad puede no tener ninguna significación de bien público para un joven que vive enclaustrado en una población marginal y que cuando sale de ahí es observado como paria urbano”, explica Miguel Urrutia, sociólogo y académico de la Universidad de Chile.
“Lo público se malentiende. No es de la gente, es algo del Estado al servicio de la gente. Y cuando se destruye el mobiliario público, por ejemplo, se destruye la ornamentación burguesa. Se dice que lo pagamos todos, sí, es cierto. Pero qué me dices de pagarle también la vida a militares y policías, qué me dices de pagar armas que luego serán usadas en contra nuestra”, plantea Armando. “Los ciudadanos condenan muy enérgicamente a quienes destruyen su linda ciudad, pero cuando se trata de alzar la voz por proteger bosques milenarios o ecosistemas únicos reina en ellos la pasividad y el silencio”, agrega.
En palabras de Igor Goicovic, este tipo de manifestaciones no son algo nuevo en Chile, sino recurrente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus ejemplos, recuerda al motín de los tranvías de 1888, la huelga de la carne de 1905, el motín urbano de abril de 1957 y las protestas populares contra la Dictadura Militar.
“Cada vez que se producía una crisis económica que afectaba a la subsistencia de las clases populares o en cada oportunidad en que la legitimidad del régimen político experimentó un importante grado de deterioro, la furia popular irrumpió en el espacio público”, indica.
Hay otros espacios privados que suelen ser atacados por grupos encapuchados en las últimas protestas. Tiendas del retail, sucursales bancarias, farmacias e instituciones policiales o militares son objetivos frecuentes de la ira callejera.
“Fueron más de 500 mil chilenos estafados por La Polar, los inversionistas inyectaron 4 mil millones de dólares para calmar y evitar la quiebra, pero nadie dijo quiénes son los principales ejecutivos, no dijeron quiénes eran los culpables de todo el tongo, pero del cabro que tiró la mecha y prendió al paco se dice nombre, apellido e incluso la carrera que estudia”, argumenta Francisco.
El incendio de la cuestionada tienda La Polar se produjo en medio de una de las jornadas más complejas de las movilizaciones estudiantiles en Chile, el pasado 4 de agosto. Entonces, más de 800 personas fueron detenidas en el país debido a enfrentamientos policiales, destrucción y manifestaciones no autorizadas.
LA PERSECUCIÓN DEL “LUMPEN”
Al alero de un discurso único, las diferentes versiones sobre la procedencia de quienes optan por la expresión violenta en las calles ha estado implícita y explícitamente asociada a las clases populares y empobrecidas del país. De este modo, bajo el adjetivo de “lumpen”, los propios manifestantes se han volcado a la persecución de quienes han llegado a considerar un auténtico enemigo.
“Una parte de los estudiantes, adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas –como medicina o derecho-, provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor capital cultural. Estos universitarios se refieren a los jóvenes secundarios y subocupados como flaites, sopaipillas o lumpen, reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del Gobierno y los patrones”, explica Goicovic.
“Luego, encuadrados en el discurso de la manifestación políticamente correcta, se pueden llegar a convertir en delatores, cuando señalan a sus compañeros a la policía, o en agentes directos de la represión, cuando detienen y entregan a la misma policía a estos compañeros. Creo que esto es muy peligroso y puede terminar muy mal”, reflexiona el historiador.
Armando, asegura que “el lumpen está estrechamente ligado a la sociedad de masas, ligado a un mundo que no tiene las mismas bonitas y exitosas oportunidades para todos. No todos tienen una linda familia, no todos viven en lindas casitas, no todos pueden ser jefes, hay quienes viven en el ghetto. Hay quienes no pueden dormir por las cuentas”.
Desprovistos de un discurso con sustento político y siendo, a la vez, la parte marginada de un movimiento que los esgrime como razón de lucha, es complejo vaticinar cómo podrían terminar los enfrentamientos ya vislumbrados entre el llamado “lumpen” y el resto de quienes se manifiestan pacíficamente. Por ahora, las autoridades y los dirigentes han celebrado públicamente a quienes han osado parar las pretensiones de violencia callejera o el comienzo de alguna barricada.
Sin embargo, nadie se ha cuestionado todavía cuán peligroso es incitar esta pugna. “El día de mañana, si se llega a producir un enfrentamiento fatal, la responsabilidad política estará entre quienes incitan al enfrentamiento fratricida”, asegura Goicovic.
SIN DERECHO A ENCAPUCHARSE
Hace unas semanas, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció un proyecto de ley que busca modificar el decreto Nº1086, creado en 1983 -en dictadura-. Es el mismo que prohíbe a las personas reunirse en un lugar público sin previo aviso y autorización y que ahora podría sancionar a quienes se presenten a las manifestaciones con el rostro cubierto. Incluso a quienes porten algún elemento que les permita taparse la cara.“Con esta modificación al decreto, que prohibirá la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro, estamos dando un paso para que las marchas sean más tranquilas”, explicó Hinzpeter.
Durante el año 2006, la bancada senatorial de la Democracia Cristiana (DC), liderada por Soledad Alvear, dio a conocer la misma iniciativa tras los hechos de violencia registrados durante aquel 11 de septiembre. “Quien sale a la calle encapuchado, presume que cometerá un hecho ilícito”, justificó. Entonces, la DC también solicitó no permitir más manifestaciones dentro de la zona céntrica de Santiago.
La modificación propuesta por Hinzpeter agrega, además, facultades para que el poder policial pueda disolver las protestas y negar autorizaciones. A su iniciativa, se suma la iniciativa legal del senador Francisco Chahuán (RN), que permite aplicar penas que varían de los 61 a 541 días para aquellos que decidan cubrir su rostro. Consultamos al senador sobre las implicancias de este proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no había contestado.
Mientras Francisco exige que “si se castiga a los encapuchados, no se puedan usar más testigos sin rostro gracias a la Ley Antiterrorista”, Igor Goicovic se aventura a destinar el fracaso del proyecto de Hinzpeter: “La capucha y las manifestaciones radicales de rebeldía llegaron para quedarse y los responsables de ello son los que explotan, expolian, excluyen, mienten y reprimen”.
“Encapuchados” es una palabra instalada desde los medios conservadores y el poder político, que genera polémicas sobre un fenómeno que algunos prefieren estudiar para encontrar respuestas, mientras otros, como Hinzpeter, optan por el camino de aumentar las penas represivas para ver si terminan con los jóvenes que ocultan sus rostros.
“Sí, más de una vez tapé mi rostro”, reconoce Armando. A sus 21 años y tras un inolvidable paso por Santiago 1, decide, como en la calle, ocultar su identidad para este reportaje. “Lo hice por las represalias que podrían haber tomado en mi contra por hacer lo que yo consideraba legítimamente político. El pensamiento único del establishment no entiende ni acepta otra forma de manifestarse fuera de lo que ha normado como correcto y quien rompa con esto recibirá todo el peso de la ley”, asegura.
Sus palabras evidencian la certeza de quien lo ha vivido en carne propia. En su experiencia, como en la de tantos otros, en medio de un largo historial de montajes y persecución a quienes deciden luchar a rostro cubierto, se acumulan también ideas. A estas alturas, pese al discurso único legitimado por el poder y la mayoría de los medios que lo hacen aparecer como un fenómeno inexplicable, hay quienes se interesan en analizarlo y otorgar respuestas.
Es el caso de Igor Goicovic Donoso, historiador, académico de la Universidad de Santiago de Chile y experto en violencia social. “El principal elemento en común es la rabia”, dice. “Están molestos con el modelo económico que los explota a ellos o a sus padres; con la estructura inequitativa de la sociedad que condena a una parte importante de la población a la miseria o al endeudamiento crónico; están molestos con la represión policial, que golpea cotidianamente sus poblaciones; están molestos con el imaginario simbólico que recrea un mundo de fantasía que sólo se encuentra disponible para unos pocos privilegiados”.
Su explicación abre las puertas a la comprensión de un mundo donde la identidad parece ser el motivo en disputa y, a su vez, lo que menos importa.
LAS IDEAS O EL VACÍO TRAS LA VIOLENCIA
Confundidos ante la masa protestante y calificados por diversos sectores como el “lumpen” de las manifestaciones, es difícil indagar en el origen de los grupos que se abocan a las calles con fines o medios violentos. Más aún, resulta complejo examinar las ideas que esconden las capuchas sin reflexionar antes sobre su diversidad.
“Es muy amplio el espectro. Hay quienes lo hacen por diversión y rabia de ‘darle la cara a la yuta’. Otros, por tener motivos parecidos a los míos, otros por odio, y otros por sentirse ajenos a este mundo. En definitiva, la capucha nace de un aprendizaje histórico frente a la dictadura por las persecuciones que se le dieron –y que se le dan- a los luchadores sociales y, por otra parte, por el simple hecho de poder resguardarse del gran aparataje tecnológico-represivo del poder”, reflexiona Armando.
Pero en opinión de Goicovic, no existe una significativa centralidad ideológica en los encapuchados. “Tampoco se puede negar la existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estos no poseen un control efectivo sobre dicho enfrentamiento”, sostiene. Para el historiador, la mayor parte de las acciones violentas que se han observado “carecen de conducción política y de orientación ideológica”.
A esa percepción se suma la de Adriana de la Garza, socióloga experta en movimientos sociales y violencia política, quien sostiene que “no existe información suficiente para afirmar que existe un movimiento ideológico detrás de los encapuchados. La mejor caracterización de sus motivos es de tipo emocional. Los movimientos son en sí mismos un escenario en los que las emociones pueden ser creadas o reforzadas”.
A estas alturas, la historia ya puede reconocer en la capucha una forma de lucha de diversos movimientos a lo largo y ancho del mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su anónimo vocero, el Subcomandante Marcos, es uno de los ejemplos más cercanos a la realidad latinoamericana de lucha a rostro cubierto. “Y miren lo que son las cosas porque, para que nos vieran, nos tapamos el rostro”, enunció el Subcomandante. Su frase comenzaría a llenar espacios virtuales y callejeros, otorgando una explicación que hoy los medios y la sociedad omiten.
Para Francisco, estudiante universitario que se ha manifestado de forma violenta en las calles –al igual que Armando prefiere omitir su verdadera identidad-, no es difícil explicar las razones que lo impulsan a ocultar su rostro y a luchar de forma radical.
“Por más que hayamos vuelto a la democracia, sigue pasando que 120 huevones deciden el futuro de más de 17 millones de personas. A quienes pregonamos que este sistema no está bien y que se pueden hacer cosas en su contra nos llaman delincuentes, aun antes de robar o destruir. Piensa que hasta el día de hoy los frentistas (miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez – FPMR) son considerados terroristas por el Estado”, puntualiza.
Francisco asegura que hay cosas que le gustaría evitar. “Por mí, en vez de pelear todos los jueves con los pacos, me agarraría frente a frente con Piñera, su hermano José, con Hinzpeter o Lily Pérez. O bien, volaría el Congreso”, enfatiza.
LA DESTRUCCIÓN DE “LO PÚBLICO” Y LO PRIVADO
Uno de los puntos más comunes de la discusión sobre “los encapuchados” suele ubicarse en la destrucción. En particular, en la ira que provoca en autoridades y ciudadanos el daño de material público y los cuantiosos balances que se realizan protesta tras protesta respecto a las pérdidas económicas causadas por los jóvenes a rostro cubierto.
Para muchos, es difícil justificar o entender que los grupos violentos decidan destruir material que –según los consensos- fue hecho por todos y para todos. “Hay que tener presente que, por ejemplo, un semáforo en el centro de la ciudad puede no tener ninguna significación de bien público para un joven que vive enclaustrado en una población marginal y que cuando sale de ahí es observado como paria urbano”, explica Miguel Urrutia, sociólogo y académico de la Universidad de Chile.
“Lo público se malentiende. No es de la gente, es algo del Estado al servicio de la gente. Y cuando se destruye el mobiliario público, por ejemplo, se destruye la ornamentación burguesa. Se dice que lo pagamos todos, sí, es cierto. Pero qué me dices de pagarle también la vida a militares y policías, qué me dices de pagar armas que luego serán usadas en contra nuestra”, plantea Armando. “Los ciudadanos condenan muy enérgicamente a quienes destruyen su linda ciudad, pero cuando se trata de alzar la voz por proteger bosques milenarios o ecosistemas únicos reina en ellos la pasividad y el silencio”, agrega.
En palabras de Igor Goicovic, este tipo de manifestaciones no son algo nuevo en Chile, sino recurrente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus ejemplos, recuerda al motín de los tranvías de 1888, la huelga de la carne de 1905, el motín urbano de abril de 1957 y las protestas populares contra la Dictadura Militar.
“Cada vez que se producía una crisis económica que afectaba a la subsistencia de las clases populares o en cada oportunidad en que la legitimidad del régimen político experimentó un importante grado de deterioro, la furia popular irrumpió en el espacio público”, indica.
Hay otros espacios privados que suelen ser atacados por grupos encapuchados en las últimas protestas. Tiendas del retail, sucursales bancarias, farmacias e instituciones policiales o militares son objetivos frecuentes de la ira callejera.
“Fueron más de 500 mil chilenos estafados por La Polar, los inversionistas inyectaron 4 mil millones de dólares para calmar y evitar la quiebra, pero nadie dijo quiénes son los principales ejecutivos, no dijeron quiénes eran los culpables de todo el tongo, pero del cabro que tiró la mecha y prendió al paco se dice nombre, apellido e incluso la carrera que estudia”, argumenta Francisco.
El incendio de la cuestionada tienda La Polar se produjo en medio de una de las jornadas más complejas de las movilizaciones estudiantiles en Chile, el pasado 4 de agosto. Entonces, más de 800 personas fueron detenidas en el país debido a enfrentamientos policiales, destrucción y manifestaciones no autorizadas.
LA PERSECUCIÓN DEL “LUMPEN”
Al alero de un discurso único, las diferentes versiones sobre la procedencia de quienes optan por la expresión violenta en las calles ha estado implícita y explícitamente asociada a las clases populares y empobrecidas del país. De este modo, bajo el adjetivo de “lumpen”, los propios manifestantes se han volcado a la persecución de quienes han llegado a considerar un auténtico enemigo.
“Una parte de los estudiantes, adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas –como medicina o derecho-, provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor capital cultural. Estos universitarios se refieren a los jóvenes secundarios y subocupados como flaites, sopaipillas o lumpen, reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del Gobierno y los patrones”, explica Goicovic.
“Luego, encuadrados en el discurso de la manifestación políticamente correcta, se pueden llegar a convertir en delatores, cuando señalan a sus compañeros a la policía, o en agentes directos de la represión, cuando detienen y entregan a la misma policía a estos compañeros. Creo que esto es muy peligroso y puede terminar muy mal”, reflexiona el historiador.
Armando, asegura que “el lumpen está estrechamente ligado a la sociedad de masas, ligado a un mundo que no tiene las mismas bonitas y exitosas oportunidades para todos. No todos tienen una linda familia, no todos viven en lindas casitas, no todos pueden ser jefes, hay quienes viven en el ghetto. Hay quienes no pueden dormir por las cuentas”.
Desprovistos de un discurso con sustento político y siendo, a la vez, la parte marginada de un movimiento que los esgrime como razón de lucha, es complejo vaticinar cómo podrían terminar los enfrentamientos ya vislumbrados entre el llamado “lumpen” y el resto de quienes se manifiestan pacíficamente. Por ahora, las autoridades y los dirigentes han celebrado públicamente a quienes han osado parar las pretensiones de violencia callejera o el comienzo de alguna barricada.
Sin embargo, nadie se ha cuestionado todavía cuán peligroso es incitar esta pugna. “El día de mañana, si se llega a producir un enfrentamiento fatal, la responsabilidad política estará entre quienes incitan al enfrentamiento fratricida”, asegura Goicovic.
SIN DERECHO A ENCAPUCHARSE
Hace unas semanas, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció un proyecto de ley que busca modificar el decreto Nº1086, creado en 1983 -en dictadura-. Es el mismo que prohíbe a las personas reunirse en un lugar público sin previo aviso y autorización y que ahora podría sancionar a quienes se presenten a las manifestaciones con el rostro cubierto. Incluso a quienes porten algún elemento que les permita taparse la cara.“Con esta modificación al decreto, que prohibirá la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro, estamos dando un paso para que las marchas sean más tranquilas”, explicó Hinzpeter.
Durante el año 2006, la bancada senatorial de la Democracia Cristiana (DC), liderada por Soledad Alvear, dio a conocer la misma iniciativa tras los hechos de violencia registrados durante aquel 11 de septiembre. “Quien sale a la calle encapuchado, presume que cometerá un hecho ilícito”, justificó. Entonces, la DC también solicitó no permitir más manifestaciones dentro de la zona céntrica de Santiago.
La modificación propuesta por Hinzpeter agrega, además, facultades para que el poder policial pueda disolver las protestas y negar autorizaciones. A su iniciativa, se suma la iniciativa legal del senador Francisco Chahuán (RN), que permite aplicar penas que varían de los 61 a 541 días para aquellos que decidan cubrir su rostro. Consultamos al senador sobre las implicancias de este proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no había contestado.
Mientras Francisco exige que “si se castiga a los encapuchados, no se puedan usar más testigos sin rostro gracias a la Ley Antiterrorista”, Igor Goicovic se aventura a destinar el fracaso del proyecto de Hinzpeter: “La capucha y las manifestaciones radicales de rebeldía llegaron para quedarse y los responsables de ello son los que explotan, expolian, excluyen, mienten y reprimen”.
Por Vanessa Vargas Rojas
Fotografías gentileza Antitezo
Fuente: El Ciudadano Nº110, segunda quincena septiembre 2011
Fotografías gentileza Antitezo
Fuente: El Ciudadano Nº110, segunda quincena septiembre 2011
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